El sistema penitenciario ecuatoriano desde hace varios años atraviesa una situación de emergencia, y a raíz de los últimos acontecimientos que se han venido presentando en los centros penitenciarios, ha quedado demostrado una vez más la dificultad del Gobierno en ejercer un efectivo control al interior de estas instituciones y para ofrecerles condiciones dignas a los reclusos acompañado de una adecuada reinserción social.
Ante esta situación, el Estado tiene retos importantes en revertir los problemas que actualmente se presentan en las cárceles del país, lo cual, conlleva a que se sigan generando inadecuadas políticas penitenciarias, corrupción en el sistema y escasez de infraestructura.
Actualmente, 10 cárceles del país registran más del 100% de hacinamiento. Ante los hechos mencionados, se vuelve imperante tomar decisiones que permitan cambiar la actual situación y bajo estas circunstancias se vuelve relevante la participación del capital privado bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), la cual, se encuentra permitida por legislación ecuatoriana.
Experiencias internacionales dadas en países como Chile, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Brasil ha demostrado la viabilidad de la participación del capital privado en la delegación de la gestión desde un ámbito pleno, es decir, desde la construcción de la infraestructura hasta la operación de los establecimientos penitenciarios, lo cual, incluye una adecuada seguridad penitenciara interna y externa, disciplina y programas de reinserción.
La pregunta ahora sería si el Gobierno se encuentra dispuesto a que el capital privado contribuya con el cambio del sistema penitenciario considerando el actual estado de los establecimientos penitenciarios ecuatorianos y la ineficaz administración.
