En el Ecuador, el Gobierno Central y los Gobiernos Seccionales cuentan con diferentes alternativas para ejecutar las competencias públicas que la Constitución y la Ley le otorgan. Una de las formas para ejecutar estas competencias es a través de su delegación a empresas públicas, sean estas estatales, provinciales, metropolitanas o municipales. Un claro ejemplo de empresa pública estatal es la EP PETROECUADOR. Esta empresa pública se encarga de ejecutar la competencia de explotación en el sector de hidrocarburos, para gestionar, entre otros, los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización nacional e internacional del crudo.
En consecuencia, la norma ecuatoriana le da a las empresas públicas, a través de esta delegación de competencias, la autonomía suficiente para ejecutarlas de la manera más conveniente a su planificación. Es importante no olvidar que el objetivo principal es satisfacer un servicio público y a su vez, desarrollar procesos eficientes y eficaces, optimizando los recursos del Estado y generando márgenes de utilidad que puedan ser considerados en procesos internos de reinversión.
No obstante lo anterior, en la actualidad, debido a factores exógenos como la caída del precio del barril de petróleo y por consecuencia, una baja recaudación petrolera; y otros factores endógenos como la ineficiente administración en los órganos directivos de estas entidades, la gran mayoría de las empresas públicas estatales registran pérdida al final de su ejercicio, lo que no es sostenible ni consecuente con la finalidad que persiguen estas instituciones.
Por otro lado, aquellas que tienen un superávit en su ejercicio, se ven afectadas por el mismo Estado ecuatoriano, quien extrae recursos de éstas para reinvertirlos en procesos ajenos a su naturaleza. Esto afecta directamente la capacidad de las empresas públicas para redistribuir sus propios recursos en diversos procesos internos, mermando una oportunidad de crecimiento y mejora.
Dadas las circunstancias antes mencionadas, es necesidad básica y prioritaria de estas empresas, que prestan servicios públicos beneficiando a la sociedad, convertirse en entidades con altos niveles de eficiencia. Para alcanzar este objetivo, se requiere contar con capital para reinversión, ejecutar procesos prácticos y eficaces, generar mayores réditos al Estado, y lo que es aún más importante, brindar un servicio de calidad al destinatario final, que permita mantener óptimos estándares de calidad, buscando promover la competitividad con otros prestadores de servicios.
Aunque las pretensiones asumidas en líneas anteriores son imposibles, debido al marco macro económico actual que vive el país, las empresas públicas cuentan con la ventaja de tener potestad para ejercer su capacidad asociativa, en el marco de lo señalado por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. El ejercicio de la capacidad asociativa es precisamente un marco de colaboración, donde empresas del sector privado aportan con capital local o extranjero para generar procesos eficientes y eficaces, destinados a generar mayores réditos al Estado y que permitirán llevar a cabo los procesos de reinversión que hoy en día no se cumplen.
Mecanismos como las asociaciones, alianzas estratégicas, empresas de economía mixta y consorcios público privados, son varios de los modelos incluidos en este marco de colaboración. Estos procesos no solo beneficiarían a las empresas públicas tal como fue mencionado, sino que además, liberaría al Estado de un problema adicional que lo aqueja, y este es la asignación de recursos de su presupuesto general para la operación de estas entidades.
Para presentar un ejemplo de lo que pasa en la actualidad, la fusión entre EP PETROECUADOR y PETROAMAZONAS EP tendría un resultado obvio: bajar costos operativos y reducir los gastos corrientes por sueldos a personal. Sin embargo, una vez la empresa concrete su fusión ¿Qué capacidad tendría para invertir en la prospección, exploración y explotación de nuevos pozos petroleros? ¿Qué capacidad tendrá para reinvertir en sus propios procesos logísticos? La capacidad que tendrían es reducida, por no decir nula.
Lo mismo sucede con otra empresa cuyos números arrojan un superávit, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT EP. ¿Qué capacidad tiene para reinvertir sus propios recursos y lanzar proyectos como la tecnología 5G? Proyecto que seguramente sus competidoras privadas en el país ya persiguen.
Es por esto que el desafío de las empresas públicas sigue siendo la atracción de inversión privada, local o extranjera, para que estas entidades, con disponibilidad de recursos, generen procesos eficientes y sean competitivas, sin dejar de lado el compromiso más importante que deben mantener, brindar un servicio de calidad al destinatario final, los ciudadanos.
