El pasado 21 de junio, la embajadora del Ecuador en los Estados Unidos suscribió el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre estados y nacionales de otros estados. La noticia fue celebrada por miembros del nuevo gobierno que ven con buenos ojos esta medida para reactivar la inversión extranjera en nuestro país.
El CIADI es una institución que se autodenomina como líder a nivel mundial en el arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales. Pertenece al Grupo del Banco Mundial y dentro de su estructura cuenta con un sólido marco institucional y legal para el arreglo de controversias. En la región, una gran parte de los países ya han suscrito el convenio. Potencias mundiales como Estados Unidos, China, Francia y Alemania también forman parte.
Ecuador no solo se adhiere al CIADI, sino que también participará en la gobernanza del organismo. Nuestro país tendrá representación en el órgano de gobierno, entiéndase, el Consejo Administrativo del CIADI. A su vez tendrá responsabilidades, como elegir al Secretario General del CIADI y nombrar árbitros y conciliadores para las listas del organismo.
El Convenio suscrito no requerirá aprobación legislativa, así lo ha manifestado la Corte Constitucional en su mayoría. La Corte señaló que el documento es un convenio marco, en el que se brinda la posibilidad de que Ecuador acuda al arbitraje internacional. Existen dos votos salvados que no coinciden con dicha decisión, señalando que no se está interpretando integralmente a la Constitución de la República.
En conclusión, la tarea está hecha por parte del Gobierno. La decisión es aplaudida puesto que nadie, en su sano juicio, vendría a arriesgarse a ejecutar inversiones que podrían ser sometidas al escrutinio de funcionarios altamente señalados. A esto se puede sumar la controversia que circula estos días donde dos de nuestras principales instituciones tienen a su máxima autoridad despachando desde un centro de privación de libertad.
Todo esto resta, el CIADI suma. Este convenio brinda seguridad jurídica, imparcialidad; y sobre todo, aleja las eventuales controversias del ámbito político. Pero mucho cuidado si pensamos que este esfuerzo –necesario- es suficiente. La tarea está lejos de terminar, pues firmar un convenio para dirimir controversias en el exterior no debería ser la solución. La solución va por crear un ambiente más amigable a las inversiones, para no tener que hablar de futuros impasses.
